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En estos casos la presunción
es la inexistencia de un vínculo
matrimonial, sin que se apliquen
los cánones que abogan por el
favor matrimonii, precisamente
porque en estos supuestos el
dato de facto es que no hay
matrimonio. Tan sólo cuando
hubiera algún indicio de que los
contrayentes hubiesen asumido
loscompromisosnaturales, deberá
indagarse este extremo y en caso
de que se tuviese conocimiento
suficiente de que alguno de los
contrayentes estuvo unido por un
vínculo natural, procedería ver si
es factible un proceso de nulidad
o la petición del privilegio paulino.
Algunos autores aplican a
estas situaciones la presunción
general contenida en el Derecho
de la Iglesia (de que todo
matrimonio se presume válido)
a toda convivencia more uxorio,
secundando una tradición secular.
Sin embargo conviene hacer dos
observaciones.
Por una parte, ese modo de
proceder puede deberse a una
confusión
entre
matrimonio
natural y la tendencia natural
de un hombre y una mujer a
convivir y engendrar hijos. La
Iglesia siempre ha defendido que
el matrimonio es una institución
natural y como argumento solía
aducirse el hecho de que en todos
los pueblos y culturas la gente
se casa. Pero equiparar una cosa
con la otra es una simplificación
errónea, fruto de la confusión
apuntada. El hecho de convivir
un hombre y una mujer y de tener
hijos, no constituye un matrimonio
natural.
Por otra parte, falta una
declaración magisterial más
explícita o leyes eclesiásticas
más acordes con la realidad.
Posiblemente estas carencias
sean debidas –aparte de a la
confusión referida– a una cierta
prudencia del legislador, para no
obstaculizar el ecumenismo.
La
equiparación
de
tales
convivencias debe hacerse con las
uniones de hecho o la convivencia
cuasi marital, no con el matrimonio
natural, y así como nadie plantea
acudir a una nulidad –o pedir el
privilegio paulino– ante simples
uniones de hecho precedentes
(si un adulto, incurso en ellas,
decide bautizarse y casarse por la
iglesia), tampoco procede hacerlo
ante uniones que carecen de los
elementos básicos del matrimonio.
Bastará con cerciorarse de que no
existe un vínculo civil, para evitar
una sanción o incluso un delito de
bigamia, pero no debe aplicarse
la doctrina vigente sobre los
matrimonios naturales, porque no
sería el caso.
Miguel Ángel Torres-Dulce es
Juez diocesano en el Tribunal
metropolitano de Madrid.
Derecho Canónico